El regimen sigue haciendo de las suyas pero La Cámara de Representantes aprobó el miércoles la extensión
hasta el año 2019 de la ley de sanciones contra funcionarios del régimen de
Nicolás Maduro vinculados en prácticas de corrupción y de violaciones a los
derechos humanos.
La legislación ya había obtenido el visto bueno del Senado y
con la aprobación del miércoles, el Acta de Extensión del 2016 para la Defensa
de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela pasa a manos del presidente
Barak Obama, quien tiene previsto firmar próximamente la legislación para
convertirla en ley.
El senador Marco Rubio, uno de los principales promotores de
la legislación en la Cámara Alta, instó al presidente Obama a que “implemente
totalmente” la ley para salir en defensa del pueblo venezolano.
“A medida que el despreciable régimen continúa violando
los derechos de su propio pueblo, es nuestro deber como país seguir haciendo
todo lo que podamos para enfrentar la catástrofe en la que se ha convertido en
Venezuela”, manifestó Rubio en un correo electrónico.
La aprobación de la medida también fue celebrada por la
congresista Ileana Ros-Lehtinen, quien resaltó que la legislación le dará al
gobierno de Estados Unidos las herramientas para seguir ayudando al pueblo
venezolano en medio de la cruenta represión emprendida por el régimen de
Maduro.
“En la medida que el pueblo venezolano es privada de
libertad y protesta por falta de comida y el suministro de las necesarias
provisiones, y enfrentan una economía en deterioro, nosotros deberíamos
mantener la presión sobre los opresores congelando activos y cancelando las
visas de los violadores de los derechos humanos del régimen de Maduro”, dijo
Ros-Lehtinen en un correo electrónico.
“A la vez que enviamos esta legislación a la Casa Blanca
para que sea firmada, una vez más insto al presidente Obama a que añada más
nombres a la lista de las personas sancionadas para luchar a favor de la
democracia en Venezuela”, agregó.
El proyecto de ley solicita al presidente Obama que congele
las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en
actividades de represión y de corrupción.
Aprobada inicialmente en diciembre del 2014, la legislación
fue diseñada en respuesta a la feroz represión emprendida ese año por el
régimen de Maduro contra los estudiantes e integrantes de la sociedad civil que
salieron a protestar en su contra, en una ola de arrestos y maltratos que
dejaron al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos desde
febrero pasado.
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