La Justicia argentina dispuso este miércoles la inhibición
de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando
concurrió ante el tribunal para ser notificada del procesamiento por la causa
que investiga las operaciones de venta de dólares a futuro en los últimos meses
de su mandato por parte del Banco Central de ese país, informaron medios
locales.
El kirchnerismo está pasando por un duro momento, con varios
de quienes fueron sus funcionarios investigados por causas de presunta
corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández y de su difunto marido,
Néstor Kirchner (2003-2015).
El juez federal Claudio Bonadio había citado a Fernández
para las 13 horas y la audiencia finalizó sobre las 13.15. Fernández llegó unos
diez minutos antes a la sede judicial, que se encontraba cercada por un fuerte
dispositivo policial y en la que esperaban, además de multitud de medios de
comunicación, varios centenares de seguidores y militantes kirchneristas, con
banderas y pancartas.
Bonadio investiga las gestiones realizadas en torno a la
venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante el último tramo
del gobierno de Fernández, contra quien decidió abrir este proceso penal por el
delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
El juez entiende que, de la diferencia entre el precio
pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron
millonarias pérdidas para la entidad bancaria y, por ente, para las arcas
públicas.
Al salir del juzgado, la exmandataria dijo ser inocente en
la causa y culpó a los actuales funcionarios de gobierno por las pérdidas
generadas para el Estado.
“Nos procesa por la devaluación que hace el gobierno que nos
sobrevino y por los contratos a futuro, muchos de los cuales fueron celebrados
por los que hoy son funcionarios cuando eran CEOs o empresarios y luego, siendo
funcionarios, pactaron con el titular del ROFEX (mercado de futuros) el
precio”, afirmó Fernández.
También informó que presentó una denuncia contra el juez
Bonadio y contra la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer por
“tráfico de información”, luego de que la legisladora presentara una denuncia
por movimientos de dinero “extraños” en una causa que involucra un hotel
-Hotesur- que es propiedad de la familia Kirchner.
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